El desmantelamiento de la banca pública en España |
José Manuel Naredo · · · · · |
12/05/13 |
Nuestro país tuvo una
potente banca pública de la que hoy no queda vestigio. Murió tras el tozudo
empeño privatizador desarrollado durante los gobiernos socialistas presididos
por Felipe González y los posteriores gobiernos del PP.
Ahora se sufren las
consecuencias de haber saldado tan alegremente un instrumento cuya utilidad
evidencian las tribulaciones del actual Gobierno en sus fallidos intentos de
promover el crédito.
La banca pública existía
desde antiguo en nuestro país y tenía un peso importante. En la década de los
ochenta otorgaba más del 20% de los créditos, mientras que el resto
correspondía a la banca privada y a las cajas de ahorros. A principios de los
noventa la banca pública concedía todavía el 15% de los créditos cuando el
Gobierno del PSOE decidió unificarla en el grupo llamado Argentaria para
facilitar su privatización en bloque. Tras la pérdida de las elecciones por el
PSOE, este proceso se remató durante el Gobierno del PP con la integración de
Argentaria en el grupo privado BBV –dando lugar al actual BBVA–,con lo que el
Estado se desprendió finalmente de su participación minoritaria. La estrategia
privatizadora alcanzó extremos surrealistas en su afán de liquidar cualquier
traza de banca pública, como fue la segregación de las sucursales que tenía la
antigua Caja Postal en las estafetas de Correos, para ofrecérselas al Deutsche
Bank, cuya presencia aparece hoy insólitamente vinculada a las 2.000 oficinas
de Correos que pueblan la geografía nacional.
Los bancos públicos
habían surgido para asegurar que los antiguos servicios de crédito del Estado
pudieran ejercer directamente sus funciones de intermediación financiera sin
depender de las entidades privadas, como sigue ocurriendo en la mayoría de los
países. Pero en España, tras haber desmantelado la banca pública, el Estado
perdió esas funciones, por lo que el propio Instituto de Crédito Oficial (ICO)
tuvo que recurrir a la banca privada para colocar sus préstamos. Resulta penoso
observar cómo la banca privada no sólo ha hecho caso omiso de las reiteradas
demandas del presidente Rodríguez Zapatero de “arrimar el hombro” en la
concesión de créditos, sino que ha exigido al Estado mayores comisiones y
garantías para conceder los préstamos del ICO, a la vez que hacía gala de sus
millonarios beneficios. Es decir, que la banca privada, además de negarse a
modificar los criterios en la concesión de créditos, saca la máxima tajada
posible por el mero hecho de tramitar los del ICO, dejando por completo fuera
de lugar las ingenuas sugerencias del presidente Zapatero.
El desmantelamiento de
la banca pública entra en franca contradicción con las funciones que ahora se
plantea el Estado con motivo de la crisis. Tras tanto adelgazar al Estado y
engordar los negocios privados, el volumen y los riesgos de estos crecen a un
ritmo muy superior al de los recursos públicos. Por ejemplo, si en 1995 el
importe de los créditos doblaba al de los ingresos fiscales del Estado, en 2007
lo quintuplica, con lo que son cada vez más limitados los recursos públicos en
comparación con los privados. Durante la crisis bancaria vivida entre 1977 y
1985, el saneamiento de las entidades financieras españolas exigió al Estado
ayudas billonarias en pesetas y la crisis actual va camino de exigirlas en
euros. En este caso, sería razonable aprovechar, al menos, tan enorme esfuerzo
para reestablecer la propiedad y el control del Estado en el sistema bancario y
paliar así los excesos privatizadores del pasado.
José Manuel
Naredo, Consejo Científico de Attac
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lunes, 13 de mayo de 2013
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