viernes, 31 de mayo de 2013

El tratado de libre comercio entre EEUU y la UE

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 31 de mayo de 2013
Este artículo critica que haya tan poco debate en España sobre el propuesto Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea que tendrá un impacto negativo en el bienestar de la población en España.

Es extraordinaria la poca atención que está teniendo en España la preparación del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea, y ello a pesar de que la aplicación de tal tratado tendrá un impacto muy negativo en el bienestar y calidad de vida de las clases populares de los países de la Unión Europea. En teoría, tal tratado se presenta y defiende como todos los anteriores Tratados de Libre Comercio, bilaterales o multinacionales, que han existido entre EEUU y otros países: todos ellos se venden como una buena medida comercial que incrementa la actividad económica, y con ello se facilita la creación de empleo. Así se han presentado todos los Tratados de Libre Comercio (TLC) entre EEUU y Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Rusia, Singapur, Vietnam y México. El más conocido fue el firmado entre México, Canadá y EEUU, que tenía que haber sido la solución para el futuro de México.
La realidad, sin embargo, ha sido muy diferente, y los resultados muy opuestos a los que se profetizaron. En el TLC entre México y EEUU se destruyeron empleos en EEUU y también en México. En EEUU porque se desplazaron puestos de trabajo hacia México. Pero en México también se perdieron puestos de trabajo, ya que los que se ganaron resultado de la movilidad de empresas estadounidenses a México fueron menores que los que se destruyeron como consecuencia de que las economías de escala de las empresas estadounidenses y su fácil acceso al crédito destruyeron muchas empresas pequeñas que no pudieron competir con las grandes estadounidenses. El TLC benefició a empresas grandes muy influyentes de Washington y en la Ciudad de México. Pero dañó a las clases populares y a la clase trabajadora de los dos países, a los dos lados del río Grande. Tal experiencia se ha repetido en todos los casos de TLC.
El hecho de que las únicas beneficiarias del TLC siempre hayan sido las grandes empresas financieras, manufactureras y de servicios, explica que éstas estén ahora trabajando cuarenta y ocho horas al día en Bruselas y en Washington intentando escribir el texto del TLC entre EEUU y la UE. 2.532 lobbies ya están movilizados en Bruselas. Y mientras, hay un silencio ensordecedor en los medios sobre los preparativos de tal tratado.
De la experiencia de otros TLC con EEUU se puede ya predecir que las medidas tomadas favorecerán intereses muy particulares a costa de los intereses generales. Por ejemplo, el TLC prohibirá el monopolio de los servicios públicos, como la sanidad, exigiendo el desmantelamiento del Servicio Nacional de Salud, eliminando su universalidad. Y todo ello en aras a la necesaria “competitividad y libre comercio”. Y veremos cómo las élites gobernantes en la UE (que ya están tomando medidas en esta dirección) darán la bienvenida a estos cambios. Hasta ahora, la excusa para hacer tales cambios (como la privatización) era que así lo pedían Bruselas, Berlín o Frankfurt. Ahora se añadirá Washington. Y continuarán haciendo tales cambios con silencio, nocturnidad y alevosía, sin apenas discusión pública. Y a todo ello tendrán la desfachatez de llamarlo democracia.

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Quizá esta vez no sigan pagando los de siempre

Tras la recién acabada cumbre de la Unión Europea parece que por fin se han anunciado medidas para luchar contra el fraude fiscal en Europa y contra los paraísos fiscales en el mundo junto a EEUU. Ya veremos si es verdad, o mejor dicho, ya seguiremos peleando para que lo sea. Más adelante les sugeriré como.
Ya lo saben. España no está en crisis ni tiene un déficit público gigantesco porque tengamos muchos gastos (en servicios sociales desde luego, apenas el 60% de lo que tienen otros países con una riqueza similar a la nuestra) sino porque tenemos muchos menos ingresos de los que debiéramos.
¿Que Hacienda somos todos? ¡Quen lle dera!” decía hace unos meses en un esclarecedor artículo Roberto Blanco.  Y todo porque nuestro fraude fiscal (mimado y amnistiado por los sucesivos gobiernos) supone casi 88.000 millones de euros anuales. Un billón en toda la Unión Europea, suficientes para pagar el equivalente del 86% gasto sanitario de todo el continente.
Consentir este robo sistemático a través de paraísos fiscales causa y mantiene a millones de personas en la pobreza en todo el mundo.  Y lo que no paga quien debe lo pagamos los de siempre, usted y yo:  cada español que cumple paga como mínimo 830 euros más en impuestos al año para compensar la evasión fiscal de otros… Nos lo explican de maravilla en este vídeo de la campaña No a los paraísos fiscales.


Las pruebas de este robo organizado son abrumadoras. España es la décima potencia mundial en fraude fiscal, en un ranking encabezado por Estados Unidos, Bolivia y Rusia, según el informe El coste del abuso fiscal“, elaborado por la organización Tax Justice Network tras estudiar 145 países. El mismo informe nos dice que uno de cada seis dólares en el mundo escapan al control fiscal
La relación entre fraude fiscal y pobreza y exclusión en todo el mundo es directa. Oxfam estima que al menos 14 billones de euros pertenecientes a fortunas individuales se esconden en paraísos fiscales en el mundo, dos terceras partes en los ligados a la Unión Europea. Este dinero “perdido” representa el doble de lo necesario para que cada persona del mundo pueda vivir con más de 1,25 dólares al día, es decir, para acabar con la pobreza extrema. Desde la ONG Inspiraction, lo explican gráficamente.




Ya ven, paraísos para una pesadilla como escribía  Xose Carlos Arias en este periódico que acoge este blog y que informa muy bien de este tema. En su artículo empezaba a hablar de usted y de mi: “no solo se trata de algo gravemente inmoral, sino también de un pesado lastre para la eficacia del conjunto de la política macroeconómica. Además, se advierte por primera vez un alto grado de sensibilidad social ante este problema, debido a la proliferación de escándalos relacionados con la evasión en muchos países, pero también por la sensación general de que la crisis reparte sus efectos de un modo intolerablemente injusto“.
Esta es la clave y la oportunidad. La reciente cumbre en la UE se ha centrado en este tema en gran parte por la presión de muchas personas y organizaciones indignadas por este fraude masivo.  Esta presión no puede ceder, así que les animo a participar en dos campañas imprescindibles, codeándose además con personas  de mucho ringo rango.
¡Firma y pídele a David Cameron que actúen ahora!
La primera es a a David Cameron, que presidirá la Cumbre del G8 durante los días 17 y 18 de junio. Desde Inspiraction (parte de la combativa ONG inglesa Christian Aid) gritan ¡Va en  serio, acaben ya con el hambre! y piden que se ponga en marcha una nueva Convención Global sobre Transparencia Fiscal, que exija la publicación de los nombres de los verdaderos dueños de compañías, fundaciones y trusts,  y que se obligue a los paraísos fiscales a compartir información con los países más empobrecidos sobre el dinero que guardan y su procedencia, ayudándoles a recuperar los impuestos que nunca llegaron a cobrar como consecuencia de la evasión fiscal.
La segunda es a nuestro Ministro de Hacienda, don Cristobal Montoro. Y es especialmente urgente e importante. El estado español dispondrá de  dinero extra en el 2014, hasta 5000 millones de euros más y este dinero debe ir destinado a la lucha contra la pobreza y la desigualdad.  Para que no paguen los de siempre, como dicen en Intermon Oxfam.
La tasa a las transacciones financieras – o tasa Robin Hood, que hasta hace poco parecía una utopía, será una realidad a partir del 2014 en 11 países de la Unión Europea, incluida España.  Se trata de una gran victoria lograda gracias a la presión de muchas personas y organizaciones (quizá algún día le den el Nobel de la Paz o el de Economía a Susan George o a ATTAC …)
Esta tasa no recaería sobre la ciudadanía, sino que tasaría a los operadores financieros con tan sólo un 0’1% en la compraventa de acciones y bonos y un 0’01% en los derivados, lo que además reduciría la especulación financiera, evitar la fuga de capitales y la evasión fiscal.
Este impuesto podría recaudar 5.000 millones de euros en nuestro país y su aplicación desde el 1 de enero de 2014 debería destinarse  íntegramente a la lucha contra la pobreza y la desigualdad en España y en los países más pobres. Más de un millón de españoles pobres o en exclusión social podrían beneficiarse y muchos millones más en los países más empobrecidos.
Gracias de nuevo por firmar.  Seguimos.



Tasa Robin Hood. Que no paguen los de siempre



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miércoles, 29 de mayo de 2013

EL SISTEMA DEL EURO EN ENTREDICHO. Mesa redonda en Málaga.


Salud Mental, lucha de clases.

Publicado en Miércoles, 22 Mayo 2013 12:00                     Escrito por Miguel Huertas Maestro
 

La mejora de la medicina alargará la vida humana, pero la mejora de las condiciones sociales permitirá lograr ese fin más rápidamente y con mayor éxito… La receta se puede resumir así: democracia plena y sin restricciones”,
RUDOLF VIRCHOW






 Virchow, el autor de esa cita, no fue ningún militante de la izquierda revolucionaria, sino un científico, responsable entre otras cosas del concepto de proceso patológico que se emplea hoy en día. En su práctica profesional defendió firmemente la existencia de una estrecha relación entre el proceso salud-enfermedad y las condiciones económicas y sociales, afirmando que “la política es medicina a gran escala”.
No se puede negar la brutal ofensiva del capitalismo sobre el derecho a la salud, especialmente en estos tiempos. El proceso de degeneración y privatización de la sanidad pública es parte de un proceso más amplio de deterioro de las condiciones de salud y vida, como consecuencia del paro y miseria masivos, que son resultado del monstruoso saqueo de la oligarquía (especialmente financiera) sobre el pueblo trabajador. Es cierto que el gobierno del PP representa ahora el papel de verdugo de todos nuestros derechos sociales, pero es imprescindible tener en cuenta que el proceso de desintegración de la sanidad pública comienza más atrás: de la mano del PP, pero también del PSOE y de las derechas nacionalistas, con la aprobación de la Ley 15/97, la bisagra legal que permite la oleada de privatizaciones que sacude nuestros derechos fundamentales. Por un lado, se pasa a manos privadas todo lo que sea rentable y, por otro, se deteriora lo más posible la sanidad pública, sobre todo tras la Reforma Constitucional promovida por el PSOE y apoyada por el PP y las derechas nacionalistas, por la cual se establece la “prioridad absoluta del pago de la deuda” por encima de cualquier otra necesidad. Esto revela que la cuestión fundamental no es el partido que gobierne, sino si el Estado sirve a la minoría que tiene el poder económico o a la amplia mayoría popular y, sobre todo, si el sistema socioeconómico está construido para beneficio de unos pocos o planificado para cubrir todas las necesidades sociales.
El proyecto para una nueva ley del aborto, que pretende volver a una fórmula de “supuestos”, sólo es otra faceta del mismo proceso de destrucción de los derechos sociales conquistados por las luchas de aquellos y aquellas que nos precedieron. Con este proyecto de ley se pretende volver al pasado, un pasado más oscuro en el que el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos se “clinicaliza”, arrastrando su dignidad y la dignidad profesional de las trabajadoras y trabajadores de la salud mental que son obligados a adoptar un papel de “juez” que no les corresponde. Como bien refleja el último número de la revista de la Asociación Madrileña de Salud Mental, esta dignidad profesional queda aún más vulnerada, dado que este personal sanitario avalará la posibilidad de una práctica que sólo podrá ser realizada en la sanidad privada.
El proyecto de ley de aborto y el intento por parte del Estado de recuperar el concepto de “peligrosidad social”, aunque son temas de vibrante actualidad, no son nada nuevo en el panorama de la lucha de clases. El intento por parte del poder establecido de controlar reivindicaciones sociales y políticas haciéndolas pasar por el aro de la salud mental es un viejo truco que ya pudimos ver en los años de posguerra de la mano del psiquiatra fascista Vallejo Nágera. Este personaje, buen ejemplo de que el campo de la salud -al igual que cualquier otra disciplina- está atravesado por cuestiones políticas y al servicio del Estado, teorizaba sobre la posibilidad de que las convicciones de izquierdas estuviesen causadas por una malformación orgánica o disfunción constitucional, además de considerar que las mujeres políticamente comprometidas o simplemente insumisas sufrían un tipo de retraso mental.
Este mismo tipo de control a través de la salud mental, aunque más sutil e incluso invisible para la gran mayoría de pacientes y profesionales, podemos observarlo en la práctica clínica diaria. Cualquier estadística de estos últimos tiempos o de otra de las crisis cíclicas del capitalismo, muestra que a medida que empeoran las condiciones de vida de la amplia mayoría trabajadora (cuatro millones de parados sin ningún tipo de subsidio, desempleo juvenil por las nubes, hipotecas imposibles de pagar que llevan al drama del desahucio), aumenta el número de trastornos mentales registrados. Entre estos trastornos, los casos de depresión y suicidio son los más llamativos: su origen es claramente social, pero su “solución” es de tipo individual. Los elementos que son la base del trastorno (los problemas sociales y económicos) son considerados como inmutables y el tratamiento pasa, cada vez más, por la administración de psicofármacos. ¿Qué ocurriría si la “solución” para este tipo de problemas en lugar de centrarse en tratamientos individuales y medicalizados, fuese una solución de tipo colectivo que pasase por la lucha social?
Desde siempre nos han estado bombardeando con su ideología, desde sus medios de comunicación, sus institutos, sus universidades… Una ideología que nos intenta convencer de lo absurdo: de que las cosas no se pueden cambiar, de que nuestras luchas (y por tanto nosotros y nosotras) no tienen conexión entre sí, y de que todo proceso sigue un desarrollo progresivo y lineal.
Todo es FALSO.
Nada es estático o inmutable. Todo lo contrario: las cosas de nuestro alrededor son dinámicas y están en continuo desarrollo, algo especialmente importante en el caso de los problemas sociales y que lleva a la conclusión de que es posible forjar alternativas, construir una voluntad colectiva que cambie el curso de los acontecimientos (aunque lo intenten impedir por todos sus medios).
Todo está interrelacionado. Las luchas están actualmente aisladas o, en el mejor de los casos, débilmente conectadas. Las Mareas (mareadas) Verde y Blanca no hacen mucho más aparte de gastar sus recursos humanos sin mucha eficacia, y en el centro de este problema está el hecho de que ambas luchas se siguen viendo como dos elementos separados, en lugar de verse como partes que componen algo más grande. La lucha contra la privatización de los servicios públicos y contra los recortes en derechos sociales tampoco es diferente de la lucha contra los desahucios, un problema terrible que está causando y causará cada vez más muertes, siendo el Estado español (y el sistema capitalista al que sirve) culpable de asesinato social. Todas las luchas sectoriales o locales (contra la LOMCE, contra la privatización de la Sanidad y la ley 15/97, contra Eurovegas…) son facetas de la misma gran batalla: la que el pueblo trabajador libra contra el sistema que nos explota y el Estado que nos oprime. La creación de una asamblea en un centro de estudios o centro sanitario, aunque sea modesta en cuanto a número, es más positiva que un millar de asistentes adicionales a la próxima convocatoria-procesión de las Mareas. Si somos capaces de conseguir que las diferentes formas de auto-organización de trabajadores y trabajadoras, estudiantes, o personas afectadas (pacientes, familiares), se coordinen de forma efectiva para la lucha, habremos conseguido más de lo que ninguna Marea logrará nunca.
Más allá de las fronteras legales del Estado español, la lucha sigue siendo una misma, dado que la crisis estructural del capitalismo (y por tanto la ofensiva que lanza contra los y las trabajadoras) es de escala mundial: a finales de Abril, la Policía entraba en las Facultades del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense para reprimir a estudiantes que ejercían su legítimo derecho a huelga; paralelamente, en Buenos Aires, los antidisturbios cargaban para disolver la protesta de profesionales, pacientes y familiares en el hospital psiquiátrico Borda con el saldo de diecisiete heridos.
Incluso el proyecto de la ley del aborto y la Reforma Laboral (y sus predecesoras) obedecen al mismo objetivo: afianzar ante la crisis los pilares de opresión de clase y opresión patriarcal que sustentan el sistema capitalista.
Todo desarrollo nace del conflicto. La falsedad del “progreso” y del desarrollo lineal de la Historia (según el cual cuanto más reciente, mejor) es evidente cuando abrimos los ojos y vemos la que se nos viene encima: una norma que legaliza de nuevo la total tutela estatal sobre los cuerpos de las mujeres y que nos traslada treinta años atrás, el concepto de peligrosidad social de la dictadura franquista, condiciones laborales cada vez más parecidas a las que había a principios del siglo XX… El progreso no existe, todo es un tira y afloja: la lucha de clases. Las luchas del pasado conquistaron nuestros derechos, y la lucha (o ausencia de lucha) del presente decidirá nuestro destino.
El capitalismo es una patología socioeconómica que chorrea hacia abajo y nos destruye, por lo tanto, la cura estará en una vuelta en orden: en cambiar de sistema.
Todas las luchas son la misma lucha.

Y la lucha es el único camino.



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domingo, 26 de mayo de 2013

Pueblos Unidos contra la Troika: 1 de junio Manifestación Internacional MAREA EUROPEA Contra los recortes y por una verdadera Democracia.

Manifiesto

Mani_1junio 

Las brutales e inhumanas políticas de ajuste impuestas por la odiosa Troika (el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea) con la ayuda de los gobiernos cómplices, están causando en Europa la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas. Millones de personas estamos siendo condenadas al paro, la pobreza e incluso a la muerte por una deuda ilegítima e impagable, que en su mayor parte es privada; de bancos, grandes empresas y entidades financieras. El rescate Europeo a la banca, avalado y garantizando por el Estado, una vez más privatiza los beneficios mientras socializa las pérdidas y a cambio exige recortes sangrantes.
Con la excusa de la crisis de la deuda han modificado la Constitución (Art.135.3) sin escuchar nuestra voz en referéndum, imponiéndonos el desmantelamiento de los servicios públicos como la Sanidad o la Educación que son entregados al sector privado como “oportunidad de negocio”, vulnerando así los derechos sociales y laborales conquistados en las últimas décadas. Con ello se ha provocado, además, que miles de familias de los países afectados pierdan su vivienda y su vida diaria.
La disolución de las fronteras entre lo público y lo privado alimenta una corrupción impune que envilece nuestra sociedad y pervierte la política en su papel insustituible de instrumento de acción ciudadana. El objetivo de las privatizaciones es el expolio, la concentración de la riqueza y la profundización en las reformas neoliberales.
Ya sea a través de los memorandos impuestos por la Troika a Grecia, Irlanda, Portugal o Chipre o del rescate financiero en el caso del Estado Español se está produciendo un trasvase de dinero público a las entidades financieras a costa de la pérdida de derechos básicos, el empobrecimiento generalizado de la población y el aumento de la desigualdad social en toda Europa.
Sabemos que el modelo de desarrollo insostenible de las últimas décadas basado en un alto consumo de recursos energéticos y materias primas ha llegado a su fin. Frente al crecimiento ilimitado de la economía financiera y especulativa es necesario un cambio de rumbo, pero no para salvar a los bancos sino a las personas, a las generaciones futuras y al planeta.
Este cambio de rumbo debe partir de una democratización de Europa, desde sus ciudadanos/as, para que los derechos de las personas y las decisiones políticas democráticas se impongan a la avaricia de las instituciones y mercados financieros y de las grandes multinacionales.
Cuando celebramos el segundo aniversario del 15M, de la toma de conciencia política de la ciudadanía, de los nuevos movimientos sociales que están construyendo desde abajo alternativas a las políticas neoliberales a través de las asambleas, las mareas y las plataformas, sabemos que nuestra lucha es internacional y exige la convergencia de la ciudadanía de todos los países afectados.
En Europa, diversos colectivos procedentes del Estado Español, Francia, Italia, Grecia, Chipre, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Alemania y Eslovenia reunidos en Lisboa el pasado 26 de abril invitados por el movimiento portugués ’Que se Lixe a Troika’ hacemos un llamamiento a una protesta internacional descentralizada el próximo 1 de Junio contra las políticas de ajuste del déficit bajo el lema “Pueblos Unidos contra la troika”.
Este es el comienzo de un proceso descentralizado, inclusivo y participativo. Queremos construir colectivamente, uniendo nuestras fuerzas y acciones, protestando internacionalmente contra la Troika. Llamamos a todas las personas, con o sin partido, con o sin trabajo, con o sin esperanza, a unirse a esta propuesta el próximo 1 de Junio. Apremiamos a todas las organizaciones políticas, movimientos sociales, sindicatos, partidos, colectivos, grupos informales, a unirse en esta jornada internacional.
Queremos seguir ampliando nuestras alianzas, tanto a nivel nacional como internacional, ya que somos conscientes de que sólo la suma de nuestras voces podrá detener las nuevas oleadas de recortes que se están preparando. Los pueblos de Europa han demostrado que no están dispuestos a asumir más sacrificios inútiles. Ha llegado el momento de demostrar nuestra capacidad para coordinar la lucha por otra Europa, la Europa de las personas.
De norte a sur, de este a oeste tomemos las calles en toda Europa contra la Troika.
Por la Democracia, la Libertad y los Derechos sociales. No al golpe de estado financiero. No debemos, no pagamos.
Hay alternativas. Hay soluciones:
Por la Justicia social y ambiental.
Por la Transparencia y la Democracia Participativa.
En defensa de unos Servicios Públicos y Universales.
Por una Auditoria Ciudadana de la Deuda. Contra la Deuda ilegítima.

lunes, 13 de mayo de 2013

El desmantelamiento de la banca pública en España
José Manuel Naredo · · · · ·
 
12/05/13
 

 

Nuestro país tuvo una potente banca pública de la que hoy no queda vestigio. Murió tras el tozudo empeño privatizador desarrollado durante los gobiernos socialistas presididos por Felipe González y los posteriores gobiernos del PP.

Ahora se sufren las consecuencias de haber saldado tan alegremente un instrumento cuya utilidad evidencian las tribulaciones del actual Gobierno en sus fallidos intentos de promover el crédito.

La banca pública existía desde antiguo en nuestro país y tenía un peso importante. En la década de los ochenta otorgaba más del 20% de los créditos, mientras que el resto correspondía a la banca privada y a las cajas de ahorros. A principios de los noventa la banca pública concedía todavía el 15% de los créditos cuando el Gobierno del PSOE decidió unificarla en el grupo llamado Argentaria para facilitar su privatización en bloque. Tras la pérdida de las elecciones por el PSOE, este proceso se remató durante el Gobierno del PP con la integración de Argentaria en el grupo privado BBV –dando lugar al actual BBVA–,con lo que el Estado se desprendió finalmente de su participación minoritaria. La estrategia privatizadora alcanzó extremos surrealistas en su afán de liquidar cualquier traza de banca pública, como fue la segregación de las sucursales que tenía la antigua Caja Postal en las estafetas de Correos, para ofrecérselas al Deutsche Bank, cuya presencia aparece hoy insólitamente vinculada a las 2.000 oficinas de Correos que pueblan la geografía nacional.

Los bancos públicos habían surgido para asegurar que los antiguos servicios de crédito del Estado pudieran ejercer directamente sus funciones de intermediación financiera sin depender de las entidades privadas, como sigue ocurriendo en la mayoría de los países. Pero en España, tras haber desmantelado la banca pública, el Estado perdió esas funciones, por lo que el propio Instituto de Crédito Oficial (ICO) tuvo que recurrir a la banca privada para colocar sus préstamos. Resulta penoso observar cómo la banca privada no sólo ha hecho caso omiso de las reiteradas demandas del presidente Rodríguez Zapatero de “arrimar el hombro” en la concesión de créditos, sino que ha exigido al Estado mayores comisiones y garantías para conceder los préstamos del ICO, a la vez que hacía gala de sus millonarios beneficios. Es decir, que la banca privada, además de negarse a modificar los criterios en la concesión de créditos, saca la máxima tajada posible por el mero hecho de tramitar los del ICO, dejando por completo fuera de lugar las ingenuas sugerencias del presidente Zapatero.

El desmantelamiento de la banca pública entra en franca contradicción con las funciones que ahora se plantea el Estado con motivo de la crisis. Tras tanto adelgazar al Estado y engordar los negocios privados, el volumen y los riesgos de estos crecen a un ritmo muy superior al de los recursos públicos. Por ejemplo, si en 1995 el importe de los créditos doblaba al de los ingresos fiscales del Estado, en 2007 lo quintuplica, con lo que son cada vez más limitados los recursos públicos en comparación con los privados. Durante la crisis bancaria vivida entre 1977 y 1985, el saneamiento de las entidades financieras españolas exigió al Estado ayudas billonarias en pesetas y la crisis actual va camino de exigirlas en euros. En este caso, sería razonable aprovechar, al menos, tan enorme esfuerzo para reestablecer la propiedad y el control del Estado en el sistema bancario y paliar así los excesos privatizadores del pasado.

José Manuel Naredo, Consejo Científico de Attac